Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo
Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en delitos relacionados con contrabando ferroviario de combustibles y delincuencia organizada. La resolución fue emitida después de una audiencia que se prolongó por más de 30 horas en instalaciones judiciales anexas al penal del Altiplano, en el Estado de México, y marca el inicio formal de una nueva etapa en el proceso penal.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó elementos suficientes para que continúe la investigación judicial. La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad, sino que permite a las autoridades continuar con las investigaciones mientras la defensa y el Ministerio Público presentan pruebas y argumentos durante el desarrollo del caso.
Junto con Ruffo Appel también fueron vinculados a proceso Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdez Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén. De acuerdo con la resolución judicial, seis de los imputados permanecerán bajo prisión preventiva, mientras que dos enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria debido a sus condiciones de salud.
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, fue detenido el pasado 16 de julio junto con otros presuntos implicados. Las investigaciones señalan que una empresa identificada como Ingenmar habría desempeñado un papel central en la introducción irregular de combustible procedente de Estados Unidos hacia territorio mexicano. Según la Fiscalía, el grupo operaba mediante un esquema de simulación comercial en el que participaron al menos once compañías.
La carpeta de investigación sostiene que, mediante este mecanismo, fueron introducidos de manera irregular más de 18 millones de litros de diésel y gasolina distribuidos en 163 carrotanques. Además, las autoridades identificaron al menos nueve embarques provenientes de Deer Park, Texas, donde Ingenmar aparecía como consignataria e Internacional de Fundentes como destinataria final del combustible. Estos movimientos forman parte de las pruebas que el Ministerio Público busca acreditar durante el proceso penal.
Por su parte, la defensa del exgobernador podrá impugnar la resolución judicial y presentar nuevas pruebas dentro del plazo establecido por el juzgado. Mientras tanto, las medidas cautelares continuarán vigentes y la investigación seguirá su curso para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los acusados dentro de la presunta red de contrabando de combustibles y delincuencia organizada.