Sentencian a 208 años al DRO que avaló la estructura del Rébsamen
Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 208 años de prisión a Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de obra (DRO) del Colegio Rébsamen y le impuso una reparación del daño por 10.6 millones de pesos, pero la cifra podría incrementarse.
La sentencia es por el homicidio de 19 menores y siete adultos tras el colapso de la escuela durante el 19S.
Sin embargo, padres de las víctimas aseguraron que buscarán la pena máxima.
La pena que se le impuso al DRO, encontrado culpable, abona en la búsqueda de justicia por la muerte de mi hija, aunque creemos que sigue faltando algo, ya que la pena mínima otorgada de 208 años no es suficiente. Igual que en el caso de la directora del colegio, Mónica García Villegas, junto con nuestra representación (Asesoría Jurídica Victimal) vamos a presentar la apelación, buscando la pena máxima otorgada por la ley, que es de 270 años”, aseguró Mónica Ortega, una de las madres del Colegio Rébsamen, en entrevista.
Fernando Flores, también padre de uno de los 19 alumnos que murieron, aseguró que “208 años no significan nada; pudieron ser mil, no importa el tiempo, nada nos va regresar a nuestros hijos e hijas. Lo que nos incomoda es que sea la pena mínima la que le están dando; pedimos la pena máxima. Debe ser un ejemplo para todo servidor público o auxiliar de la administración pública que por sus funciones avale obras que con el tiempo pongan en peligro la vida de los habitantes de la CDMX o del país, es inaceptable.
Invitamos a toda la sociedad a exigir que las acciones de todo servidor público sean encaminadas a cuidar y velar por la vida de todos”.
La reparación del daño que el juez Adolfo Rodríguez Campusano impuso al DRO incluye daño material (377 mil 450 pesos por cada una de las 26 víctimas) y apoyo por gastos funerarios (33 mil 075 pesos por cada víctima), lo que suma diez millones 673 mil 650 pesos.
Sin embargo, el Bufete Fuentes de León, que representan a un grupo de padres, apelará para que se fijen los montos del daño moral y proyecto de vida (que incluye la actividad económica que alguien puede tener durante su vida productiva), de acuerdo con el asesor jurídico Mario Alberto García.
La Fiscalía acreditó que el DRO garantizó la seguridad estructural del colegio sin haber realizado las pruebas de carga que le obligaba la normatividad y pese a las irregularidades administrativas y de construcción con que contaba el inmueble.