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Prohíben en Nuevo León reinstalar a policías y agentes ministeriales

El Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles una serie de reformas para prohibir la reinstalación de elementos de corporaciones policiacas y agentes ministeriales, que hayan estado sujetos a proceso judicial, aún y cuando resulten exonerados.

Se trata de modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que obedecen a una homologación a las reformas constitucionales vigentes promovidas y aprobadas durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

El tema no estuvo exento de polémica, debido a que los diputados locales de la bancada de Morena, Waldo Fernández y Jessica Martínez, manifestaron su voto en contra de la reforma y pidieron retirar la iniciativa, que al final fue aprobada por mayoría del pleno.

Fernández explicó que actualmente el Senado de la República se encuentra estudiando dar reversa a este tema, pues resulta discriminatorio y viola los derechos humanos de los policías, al no permitirles un juicio justo y el regreso a su trabajo, en caso de ser encontrados inocentes.

Todas las personas tenemos los mismos derechos que reconoce la propia Ley Fundamental y los Tratados Internacionales y no por el hecho de ser elemento de seguridad pública, deben tener menores derechos laborales. No hay ciudadanos de primera y de segunda, todos somos iguales.

Hacer una distinción de esta magnitud y negarles el derecho a ser reinstalados, en medio de una crisis de inseguridad, es afirmar que los integrantes de los cuerpos de seguridad no merecen los mismos derechos que los demás”, consideró el Legislador.

Por su parte, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) defendieron la reforma al señalar que se trata de una homologación a la Constitución Federal y busca que las corporaciones cuenten con policías honestos y limpios, y no sólo por cantidades.

La reforma federal derivó de una serie de casos en los que ex policías vinculados al crimen organizado promovieron juicios para ser indemnizados e incluso reinstalados tras causar baja de las corporaciones policíacas a causa de juicios penales en su contra.

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