Ciudad de los Niños, otro infierno de abusos
“La Ciudad de los Niños es una obra de la patria, una obra de Dios… Yo les pedía ayuda a todos los gobernadores y me ayudaron. Les decía: ‘¿qué hago con los niños? No tienen papeles’. Me decían: ‘Déselos usted’. Aquí venía el del Registro Civil a la casa, a registrarlos…”, se ufanaba a mediados del año pasado el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías.
El fundador y director de los albergues Ciudad de los Niños de Salamanca pudo, gracias a esa “ayuda”, manejar a su antojo y sostener con fondos públicos y privados seis centros de asistencia social en Guanajuato y Michoacán durante cuatro décadas.
Pero en la recomendación 32VG/2020, emitida el 19 de mayo pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que 324 menores, adultos y personas con discapacidades diversas albergados en la Ciudad de los Niños de Salamanca fueron víctimas de violaciones graves: abuso sexual, tortura, pérdida de identidad, maltrato infantil, condiciones insalubres, de promiscuidad y riesgo, así como de abandono educativo.
En una investigación que duró casi tres años, el organismo encontró también una complacencia criminal de instancias de procuración de justicia de tres entidades –Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato– a estas violaciones graves, las que conocieron, pero no investigaron debidamente, además de que archivaron varias denuncias al respecto y en la mayoría de ellas se desistieron de ejercer acción penal.
Ocurrió en el caso de Rosa Verduzco y el albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán (Proceso 1969): Gutiérrez Farías fue eximido durante años de varias denuncias por abuso sexual, maltrato y despojo de filiación civil a cientos de menores.
A éstos los recibió en sus albergues gracias a la amplia red de protección y beneficios en la que participaron gobernadores, alcaldes, presidentes municipales y autoridades federales, como fue el caso del expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún.
Lo que sucedió durante décadas en la Ciudad de los Niños fue documentado ampliamente desde 2017 por la juez de distrito Karla Macías, quien conoció de un juicio de amparo promovido por el propio sacerdote a mediados de 2016, con el fin de recuperar a una menor que había sido trasladada a otro centro de asistencia social. La juez llevó un proceso que llegó a las entrañas de la Ciudad de los Niños y desenmascaró el cúmulo de vejaciones en 2017.
